Con la profunda convicción de que al asignar a nuestra Provincia con el nombre del excelentísimo señor Presidente, interpretamos el pensar y el sentir del pueblo que nos otorga el mandato que ejercitamos en esta asamblea. Así lo demuestran los guarismos de las elecciones del 11 de noviembre (1951), expresión atentica de la soberanía popular. El peronismo había ganado con el 82% de los sufragios.

En la nota anterior exponía los conceptos del Convencional Felipe Gallardo designado por la parte obrara para fundar el nombre de la nueva provincia, le siguió su par por la rama política el Convencional Pedro Cesar Tabella. “Señor Presidente: adhiero a los fundamentos de los señores Constituyentes porque es un acto de justicia de un pueblo que creció olvidado por los gobiernos electoralistas que solo gobernaban, cuando gobernaban para los pueblos que votaban. (…)”

Raúl Osvaldo Coronel
Dr. Raúl Osvaldo Coronel Abogado Mat.764 STJ Chaco Especialista en Evaluaciones Ambientales

 

“Cuando pienso en la titánica labor del excelentísimo Señor Presidente General Perón, de cuya labor es beneficiario directo el pueblo del Chaco, otrora olvidado; cuando pienso como hombre de tierra adentro, que en la localidad donde me domicilio, Sáenz Peña, en seis año de gobierno se creó un Colegio Nacional, que fuera a reemplazar a un modesto incorporado” (establecimiento de gestión privada).

 

“Cuando pienso que en seis años de gobierno, en la segunda ciudad del territorio se creó una Escuela de Comercio anexa (al Colegio Nacional); una Escuela Profesional de Mujeres; un Hospital de 250 camas que fue a remplazar a un modesto hospital municipal de veinte camas; cuando pienso que además de estas obras se levantaron cinco edificios hermosos donde funcionan cinco escuelas primarias, otrora levantadas con el peculio del vecindario”

 

“Cuando pienso en las conquistas sociales dadas a mi pueblo oprimido que hoy vive feliz, digno y respetado; cuando pienso que todas estas obras fueron hechas y construidas en seis años, no solamente en la localidad de Sáenz Peña sino en todo el territorio, hoy Provincia, entonces nos damos cuenta de por qué el General Perón está en el corazón del pueblo del Chaco; y porque el pueblo del Chaco así lo quiere y así lo siente, es que esta Provincia, ex Territorio Nacional del Chaco, se llamará Provincia Presidente Perón”. Así se votó. (Fuente Julio Rene Sotelo)

El texto Constitucional de 1951 incorporaba un catálogo de derechos sociales, llegando casi tardíamente a un movimiento jurídico que había transformado gran parte de las constituciones mundiales. Pese a la novedad de sus disposiciones fue criticada, tachada de ilegítima, corporativa, inconstitucional, fascista y partidaria. Se interpuso demanda judicial y se presentó un proyecto de ley para intervenir la Provincia. Ningún reclamo prosperó legalmente.

 

Señalaré algunos conceptos técnicos, no me ocupare de las críticas, ni del festejo con un “asado” de la abolición de la Constitución por un bando militar. Queda en claro que fue si, el resultado de un proceso de 4 años de los sindicatos de Gallardo, un compromiso cumplido de Evita, la decisión de un presidente que sabía e hizo de la  política un arte de gobernar (no politiquería), una ley del Congreso que declaraba Provincia e imponía requisitos (se cumplieron todos al pie de la letra) y una Constitución sancionada por Convencionales elegidos por sufragio universal.

 

La Sección Primera tiene varios capítulos, el primero “de las declaraciones en general, derechos, deberes y garantías. No varía ningún contenido a Ley Suprema que podría estar vigente al día de hoy: de trabajar, de transitar, de ejercer toda industria lícita, etc., de la libertad de palabra, de reunión, de prensa, de nadie ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior, del derecho de habeas corpus, etc.

 

Pero introduce un derecho fundamental, una novedad jurídica en el marco de los Derechos Humanos DDHH. “Artículo 10: Cuando en un proceso criminal se haya dictado la prisión preventiva del imputado y luego resulte éste sobreseído definitivamente o absuelto por sentencia firme, la Provincia lo indemnizará en las siguientes condiciones.

 

Incisos 1 y 2 Artículo 10. Sólo recibirán indemnización aquellos que estén calificados como obreros o empleados en los Convenios de Trabajo emanados de entidades que se rigen por la Ley Nacional de Asociaciones Profesionales. La indemnización será equivalente a los salarios que le habrían correspondido mientras estuvo detenido, calculado de acuerdo a lo estipulado por los convenios vigentes en el momento de la privación de libertad. Aludía a los sindicatos obreros reglados por el Decreto Nacional N° 23.852/1945, ratificado por Ley N° 12.921 de 1946.

 

El Artículo 11: “ninguna detención podrá prolongarse por más de 24 horas sin darse aviso al juez competente, poniéndose al detenido a su disposición con los antecedentes del hecho que motiva su detención. Desde entonces tampoco podrá permanecer detenido más de 24 horas sin que se le haga conocer el motivo de su detención.

 

La Provincia proveerá en especial a la asistencia de la familia desvalida del detenido, el encausado o el penado, así como a la familia de la víctima. Una ley determinará los casos y el modo en que se prestará tal asistencia”.

 

El valor jurídico de estos artículos es que la misma Ley Suprema, obliga y consigna el derecho que le corresponde por un injusto penal ordenando se pague la indemnización, no manda a que se resuelva en un largo y siniestro proceso de varias decenas de años. Así como está redactado, es el resultado del padecimiento sufrido los obreros de los Sindicatos de Gallardo, víctimas de una acción dolosa de patrones, jueces y funcionarios.

 

El texto de la actual Constitución  dice: “Error judicial Artículo 24. Si de la revisión de una causa resultare la inocencia del condenado, la Provincia tomará a su cargo el pago de la indemnización de los daños causados”. Un artículo meramente declarativo, finalmente se resolverá en un largo y controvertido pleito.

 

Se cierra el respaldo Constitucional a los sindicatos con el Artículo 17, después de garantizar los derechos y garantías  establece que, “los abusos de esos derechos que perjudiquen a la comunidad que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configuran violaciones que serán castigadas por las leyes.

 

La situación social de los obreros del Territorio era escalofriante, ya vimos el accionar del Pastor de la Iglesia Católica para combatir la pobreza en esa época. Nos deja ver un mundo de injusticias sobre los que menos tenían. Hoy se dice del trato más inhumano, las personas son bienes de consumo, que pueden ser usados y tirados, esclavizados, excluidos o sometidos a desigualdad, falta de recursos y derechos. “La cultura del descarte”

 

Una de las razones de estos artículos obedecía a los abusos contra la persona humana cometidos por la represión en el Ingenio Las Palmas del Chaco Austral 1919/1924 y en la Forestal de los Ingleses. Un proceso sindical entre 1918/1919 que culminó con la salvaje represión de la «gendarmería volante» y otras formaciones policiales que dieron muerte a 400/500 obreros. Otros  perseguidos y fusilados en el monte. Centenares de dirigentes huelguistas condenados a la cárcel, previamente torturados.

 

En “la tragedia del quebracho colorado” de Gastón Gori se lee como homenaje a los luchadores contra la soberbia de The Forestal pagina 255, de 19 huelguistas presos con pedido de presión de entre 25 y 10 años. 4 ferroviarios condenados entre 17 y 15 años. A 8 años y medio de prisión 1, y a 5 años y medio de presión a 31 obreros. Era la razón del derecho que se imponía desde la Constitución Provincial frente a los abusos cometidos por las patronales. Nadie se había ocupado del abuso de poder y de las familias desvalidas de las injusticias.

 

La Constitución de 1951 abolida por un bando militar que contó con ayuda civil, se anticipó 34 años a lo establecido por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos DDHH, Ley N° 23.054 de 1984, que aprueba el Pacto de San José de Costa Rica. Artículo 10: Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.