Estiman que el monto es de unos $34 mil millones en compensación por la menor coparticipación en IVA y Ganancias. Descartan dar marcha atrás con las rebajas impositivas.

El gobierno debería realizar giros adicionales por algo más de $ 34 mil millones para compensar a las provincias por la caída en la coparticipación. Ese es el agujero que dejaron los decretos de suspensión del IVA en alimentos básicos y reducción del impuesto a las Ganancias, que el Ejecutivo dispuso el mes pasado y que la Corte Suprema de Justicia observó este martes.

El cálculo fue realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que midió la merma en la recaudación que provocaron los dos decretos cuestionados. El 561/19 reduce la base de cálculo para tributar Ganancias y dispone que el Estado absorberá hasta $ 2.000 de ese impuesto en los sueldos de los trabajadores en relación de dependencia de agosto y septiembre. El 567/19 elimina hasta el 31 de diciembre el IVA a los consumidores finales en una serie de alimentos básicos. Según el IARAF, la primera norma tiene un costo para el Estado cercano a los $ 48 mil millones y la segunda implica unos $ 11.300 millones.

Sin embargo, de ese total se realiza una serie de deducciones con fines específicos y el saldo se reparte entre la Nación y las provincias, que se llevan el 56% del remanente. “Si se centra el análisis en el costo fiscal directo inicial que deben asumir las provincias, el mismo se estima en $34.381 millones de aquí a fin de año. Este sería el monto máximo en discusión”, señala el informe elaborado por los economistas Nadin Argañaraz y Ariel Barraud. El texto aclara que la rebaja impositiva genera un efecto de segunda vuelta, ya que los beneficiados cuentan con un mayor margen para volcar al consumo y esto genera una mayor recaudación de tributos, tanto para el gobierno nacional como para las provincias. Sin embargo, “dicho recupero no es fácilmente mensurable a priori”.

La decisión de la Corte Suprema, tomada por tres votos contra uno y una abstención, no afecta la vigencia de las medidas, pero establece que los efectos fiscales de su aplicación deben ser “asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación”. En otras palabras, que la Nación debe afrontar con su propio bolsillo el costo de las medidas que toma.

En el gobierno son conscientes de que a tan sólo tres semanas de la elección presidencial no pueden dar marcha atrás con las medidas anunciadas, por lo que ya se preparan para hacer frente a la millonaria erogación. Uno de los efectos inmediatos será la imposibilidad de alcanzar el déficit cero, la meta prometida al Fondo Monetario Internacional y que en las últimas semanas se había complicado cumplir. El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, estimó que sólo en septiembre el paquete de alivio a los consumidores significó una caída de $ 20 mil millones en la recaudación fiscal. Ahora, las incógnitas son dos: cómo hará frente Hacienda a estas compensaciones obligadas y qué pasará a fin de año, cuando termine la vigencia de las rebajas impositivas.

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